EE.UU prohibió la entrada al país al expresidente panameño Juan Carlos Varela “para su participación en corrupción significativa”, informó este jueves el jefe de la diplomacia estadounidense Antonio Parpadeo.
Varela, de 59 años, “aceptó sobornos a cambio de la adjudicación indebida de contratos públicos mientras se desempeñaba como vicepresidente y luego presidente de Panamá”, dijo Blinken en un comunicado.
El Secretario de Estado afirmó que Estados Unidos tiene la intención de “combatir la corrupción endémica en Panamáporque si no se atiende “seguirá socavando la prosperidad” y la democracia.
“Esperamos que la acción de hoy (jueves) impulse a los funcionarios y autoridades de Panamá a abordar la corrupción arraigada y empoderar a todos aquellos que defienden el estado de derecho”, enfatizó Blinken.
Varela, presidente entre 2014 y 2019, es acusado por la Justicia panameña de lavado de dinero en el caso Odebrechten el que también está implicado el expresidente panameño ricardo martinelli (2009-2014).
Según las acusaciones, el Partido Panameñista (derecha) que este empresario productor de ron habría recibido 10 millones de dolares de la empresa brasileña.
Varela, quien espera juicio en libertad, reconoció haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña de 2009, pero no mientras fuera presidente.
Sin embargo, la acusación afirma que Varela también recibió pagos “cuando ya ocupaba el cargo de presidente” y cuando era vicepresidente, en un momento en que Odebrecht se beneficiaba de la adjudicación de contratos.
La investigación por este caso en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 -después de que la empresa confesara en EE.UU. que había pagado millonarios sobornos en una decena de países- y finalizó en octubre de 2018.
En julio de 2017, Odebrecht firmó un acuerdo con la Fiscalía panameña para pagar una multa de 220 millones de dólares (unos 195 millones de euros) al Estado en 12 años, que no se está cumpliendo.
El político asumió la vicepresidencia de 2009 a 2014 y la presidencia desde ese año hasta 2019.
En enero de este año, EE.UU. también prohibió el ingreso de Martinelli y sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enriquequienes también enfrentan cargos en el caso Odebrecht.
Martinelli también está a la espera del veredicto de un juez en un caso de lavado de dinero. El exgobernante, de 71 años, aspira a buscar un nuevo mandato en las elecciones generales del próximo año.
El Justicia de Panamá está en “deuda” con EE.UU. y debe hacer su parte, dijeron a la agencia de noticias EFE analistas y políticos luego de que el Departamento de Estado señalara a Juan Carlos Varela y su familia como inelegibles para ingresar a su territorio.
“Panamá sigue en deuda de que su propia Justicia haga lo que debe hacer para confirmar estos graves cargosde corrupción que plantea EE.UU. “Todo viene de fuera, como ha sido la costumbre, y localmente no tenemos procesos concluidos y eso, la verdad, es lamentable“, dijo a EFE ex presidente del capítulo Panamá de Transparencia Internacional (TI), Charles Barsalo.
“Es el mensaje de un político de un país, que insta a otro país a hacer los deberes. Tenemos que hacer los deberes, tenemos que investigar y, con el debido proceso, sancionar a quien haya violado las leyes.. Eso es demasiado básico, pero se dice fácil y no se hace y llevamos muchos años en esta misma letanía”, comentó Barsallo.
El exfiscal general y candidato a diputado independiente Ana Matilde Gómez estuvo de acuerdo con Barsallo en que ahora “le toca a la Justicia panameña hacer su parte”.
“Espero que a la lista de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela se sumen otros que hacen falta.”, afirmó Gómez, quien considera “oportuno que en la medida en que se disponga de prueba suficiente, se proceda, por todos los medios legales que correspondan, a esclarecer la actuación de altos funcionarios públicos que hayan hecho uso de su poder en beneficio”.
Para el abogado constitucional Ernesto Cedeñoel hecho de que Panamá tenga dos expresidentes designados por EE.UU. por corrupción demuestra que La administración de Justicia en Panamá “está en cuidados intensivos”.
“Para algunos casos de alto perfil y otros, la Justicia no funciona como debe, y eso tiene mucho que ver” con que el sistema judicial carece de “plena, total y financiera independencia” que le permita operar “sin tener que ver con los vaivenes de la política”, afirmó el analista.
(Con información de EFE y AFP)
Sigue leyendo:
