El FROB busca un nuevo banco de inversión para vender su participación en CaixaBank. El organismo estatal está actualmente asesorado por Arcano para estudiar la desinversión en el banco catalán, en el que posee el 17,32% del capital, una herencia de Bankia y su rescate público de 22.000 millones de euros. El contrato expira a finales de año y el FROB ya trabaja en una nueva convocatoria que lanzará después del verano, según fuentes financieras, bajo el liderazgo del nuevo gobierno surgido tras las elecciones del 23J.
El 3 de septiembre de 2020, CaixaBank y Bankia comunicaron a última hora de la jornada que estaban manteniendo conversaciones para fusionar ambas entidades. En ese momento, el 61,8% del capital que controla el FROB en Bankia estaba valorado en unos 1.900 millones de euros. En realidad, es una valoración condicionada por la pandemia del Covid-19, con precios a la baja. La fusión entre los dos bancos se negoció en medio de la crisis sanitaria, que provocó una caída generalizada de la banca en Bolsa.
Desde entonces, una vez superada la pandemia y con el viento a favor de las subidas de tipos que han provocado la recuperación del negocio bancario, la cotización de las acciones de CaixaBank en Bolsa no ha dejado de aumentar. Al cierre de la jornada de ayer, la participación del 17,32% del FROB en la entidad catalana está valorada en unos 4.900 millones, lo que supone una revalorización del 158% desde que se anunció la fusión.
Arcano se hizo cargo del contrato en 2020 unos meses después del anuncio de fusión y posteriormente se prorrogó dos veces. Según la documentación consultada en el Portal de Contratación Pública, el contrato finaliza el próximo mes de octubre, sin posibilidad de prórroga. Por ello, el FROB ya se ha puesto manos a la obra y se espera que publique el pliego de condiciones de la nueva adjudicación después del verano. En cualquier caso, Arcano, que tomó el relevo de Nomura, podría presentarse para ganar nuevamente el contrato. Fuentes financieras indican que la entidad aún no ha tomado una decisión al respecto.
El nombramiento de Arcano como asesor del FROB se produjo al mismo tiempo que cambiaba la cúpula del ente público. En noviembre de 2020, Paula Conthe reemplazó a Jaime Ponce como presidente. El nuevo contrato será totalmente piloteado por su gerencia.
El banco asesor juega un papel clave en la gestión de la participación del Estado en CaixaBank. Si bien la decisión de vender una parte o la totalidad de las acciones solo puede tomarla el Gobierno, la misión del banco es encontrar las ventanas adecuadas para acometer esta desinversión, con el objetivo de maximizar la recuperación de los recursos públicos. Aunque ninguno de los programas electorales de los principales partidos que se presentan a las elecciones generales de este domingo hace referencia a la gestión de la participación del Estado en CaixaBank, es de esperar que esta desinversión se produzca a medio y largo plazo.
La estrategia del PSOE, con Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, ha sido, precisamente, impulsar la fusión de Bankia y CaixaBank para facilitar la venta de la participación pública y subir su valoración, pero sin haberse deshecho de una sola acción en cinco años. El PP no ha dado pistas de qué hará en caso de que llegue al Gobierno tras las elecciones del domingo. Pero su última etapa al frente del Ejecutivo da algunas pistas. Con Luis de Guindos como ministro de Economía -hoy vicepresidente del Banco Central Europeo- ejecutó dos ventas de paquetes accionarios. En 2014 vendió el 7,5% de Bankia por 1.300 millones y en 2017 colocó otro 7% por 800 millones. La recuperación del sector en Bolsa al calor de la subida de los tipos de interés puede abrir la puerta a nuevas ventas en bolsa o incluso a una salida a Bolsa, al estilo de las grandes privatizaciones de los 90.
El Estado inyectó 22.000 millones para rescatar a Bankia, de los más de 58.000 millones con los que se reflotó el sector financiero gracias al rescate de Bruselas. Del dinero dedicado a Bankia, el FROB calcula que solo podrá recuperar unos 6.000 millones, sumando el valor de la acción, los 1.400 millones recibidos en dividendos y los 2.100 millones por venta de acciones. En cualquier caso, el objetivo de los gobiernos siempre ha sido maximizar la recuperación de las ayudas. Para ello, el Ejecutivo ha vuelto a ampliar el plazo máximo legal para que el FROB complete la desinversión hasta 2025.
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