La Fiscalía pide 13 años de prisión para el expresidente popular de Murcia Pedro Antonio Sánchez por el ‘caso Guardería’

La Fiscalía ha pedido penas de 13 años y medio de prisión y 36 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, además de multa, al expresidente popular de la Región de Murcia y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez (PAS) por el “Caso Guardería” por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento público y planeamiento contra el territorio como consecuencia de la construcción de una guardería y un centro de la mujer en su época como primer alcalde de el municipio murciano.

El pasado mes de marzo, Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial por un delito continuado de prevaricación en competencia con uno de falsedad por encargar a un arquitecto “de palabra y sin constancia previa” las obras del auditorio municipal siendo además alcalde de Puerto Lumbreras. En aquella ocasión, la pena fue de 3 años de prisión, 3.600 euros multa y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

El fiscal Juan Pablo Lozano pide penas de prisión e inhabilitación para otros diez imputados, entre los que se encuentran funcionarios municipales y técnicos de Puerto Lumbreras, así como varios directivos de la empresa Urdecon, en la época en que ocurrieron los hechos entre 2007 y 2010.

“Proyecto de rompecabezas”

En el escrito de acusación remitido por la fiscalía al juzgado de Lorca, se acusa a los procesados ​​de construir un único edificio con dos usos diferentes: por un lado, una escuela infantil de 0 a 3 años y, por otro, un centro para mujeres. Este edificio había sido concebido “de forma fraudulenta a través de siete proyectos, algunos inicialmente incompletos, que entiende se fueron adaptando sucesiva e independientemente a las subvenciones disponibles (concedidas entre 2005 y 2010)”, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es. “En realidad, parece lógico que tuviera que haber un único proyecto de construcción en el que se conformara todo el puzzle de proyectos presentados a las distintas subvenciones, proyecto encubierto por los demandados”, prosigue el escrito.

El escrito presentado por la Fiscalía refleja que los acusados ​​presuntamente intentaron obtener “ilegalmente” dinero de distintas subvenciones con el fin de obtener un presupuesto suficiente para ejecutar una edificación de interés público, “si bien, para ello, no dudaron en trocear proyectos inejecutables per se, simular concursos públicos, certificar con mendicidad partidas de obra para poder documentar el gasto ante la entidad que otorga la subvención, y acordar pagar dinero público por obras inexistentes cuyo destino real, más allá de ser percibido por CONSTRUCCIONES URDECON SA, es incierto”.

La utilización de este “rompecabezas de proyectos” dio lugar a desajustes “evidentes” en cuanto a las partidas acometidas, la obra efectivamente ejecutada, y la “imposibilidad manifiesta” en cuanto a su control económico, “la finalidad perseguida, llegando incluso a dar por terminadas obras inexistentes como las del Centro de Conciliación”, según el escrito.

Por otro lado, el documento también precisa que los demandados deberán responder del sobrecoste “intencional” de 499.110 euros -también la empresa Urdecón como responsabilidad civil- que se ejecutó “utilizando diversas partidas fraudulentas de los proyectos objeto de acusación”.

Cinco edificios sin terminar en Puerto Lumbreras

Esta no es la única obra pública inacabada de Sánchez en el municipio murciano. El expresidente de Murcia derrochó 12 millones de euros en cinco edificios sin terminar durante su etapa como alcalde de esta localidad de 14.000 habitantes.

Tras dejar la Región de Murcia, el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, adquirió una vivienda por valor de 540.000 dólares en un complejo residencial de Miami. Apenas medio año antes, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) concedió a Sánchez una subvención por valor de 26.412,28 euros. Una ayuda del programa de ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis del COVID-19, no reembolsable.

Primer beneficiario de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

En otro proceso, el ‘caso Pasarelas’, el PAS fue absuelto porque el juez dejó pasar en 2015, en contra del criterio de jueces y fiscales, el plazo de seis meses de investigación en el proceso penal iniciado por el Gobierno del Partido Popular. Fue el primer beneficiario de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por su propio partido. ‘Pasarelas’ fue una división del caso ‘Auditorio’, donde se investigó si se fraccionaron contratos para adjudicarlos a mano y sin concurso público al arquitecto ML, que también fue absuelto. La Fiscalía y dos acusaciones entendieron que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, como ML, habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación con ese caso.

Por otro lado, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento de Sánchez del caso Púnica. El expresidente murciano fue investigado en la parte separada murciana de esta causa por presuntos delitos de defraudación administrativa, prevaricación y falsedad en una campaña de blanqueo de imagen cuando estaba al frente de la Consejería de Educación murciana.


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