La reunión mantenida por tres de los más estrechos colaboradores de José María Aznar con cuatro dirigentes de Herri Batasuna el 11 de diciembre de 1998 en Juarros (Burgos) estuvo precedida por la política penitenciaria más generosa con los terroristas de ETA que jamás había tenido un gobierno español. desde la amnistía otorgada en la transición. Las aproximaciones a prisiones cercanas al País Vasco de presos, muchos de ellos con delitos de sangre, se incrementaron aún más tras aquella reunión, de la que los dirigentes de HB redactaron un acta que hoy publica en exclusiva elDiario.es.
Todo lo que puede reclamar Zapatero por la derrota de ETAMás
Durante el año 1999, año que siguió a la reunión, un total de 105 presos de la organización terrorista pudieron esperar el juicio o cumplir su condena más cerca de sus familias. Los gestos con el emblema colectivo de lo que el propio Aznar había llamado públicamente Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) unas semanas antes de la reunión de Burgos habían llegado, poco después de que el líder del PP se instalara en La Moncloa.
La victoria electoral de José María Aznar en 1996 supuso un primer acercamiento de 32 presos etarras a prisiones de Euskadi o cercanas. Como todos los gobiernos democráticos, el primer Ejecutivo del PP tomó medidas inmediatas para acabar con una de las principales preocupaciones de los españoles. Se da la circunstancia de que cuando se produjeron estos acercamientos, ETA estaba llevando a cabo una de las violaciones de derechos humanos más graves de su historial delictivo, el secuestro de José Antonio Ortega Lara.
Ortega Lara, funcionario de la prisión de Burgos, había sido secuestrado el 17 de enero de 1996. El 3 de marzo de ese año, Aznar ganó las elecciones y nombró ministro del Interior a Jaime Mayor Oreja. Con Ortega Lara en una celda, la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias realizó un estudio individualizado de los 150 internos de segundo grado de la banda, la más habitual entre todos los presos, y decidió trasladar a 32 de ellos a prisiones del País Vasco. . . De esos 32 presos abordados como gesto por el nuevo gobierno, más de la mitad tenían delitos de sangre.
La pandilla contó entre sus últimas víctimas mortales Fernando Múgica, Ramón Doral, Miguel Ángel Ayllón y Fernando Tomás y Valiente. La aplicación de la medida de acercamiento coincidió con una declaración de tregua por parte de ETA de apenas siete días. Aznar, que había sobrevivido a un atentado dos años antes y decía: “El acercamiento que se ha producido no tiene nada que ver con la tregua de ETA. Fue una decisión tomada previamente por el Ejecutivo”.
El principal partido de la oposición, el PSOE, apoyó en todo momento la política penitenciaria del Gobierno de Aznar y no se opuso al acercamiento. La principal asociación de víctimas, la AVT, se pronunció en un comunicado de “daño moral”, pero evitó cualquier movilización contra la Ejecutiva del PP.
1997: asesinato de Miguel Ángel Blanco y 26 traslados
A pesar de la mano tendida del nuevo gobierno, ETA aceleró su sangrienta estrategia en 1997. A la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil le siguió el secuestro exprés y asesinato del concejal del PP por Ermua, Miguel Ángel Blanco. El ultimátum de la banda fue la aproximación masiva de presos a Euskadi o ejecutarían al joven. Y así lo hizo. El encargado de apretar el gatillo fue el miembro del ‘comando guipuzcoano’, Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’. Pero ni la organización terrorista, ni su brazo político de entonces, habían apreciado lo que vino después: una movilización ciudadana sin precedentes, también en el País Vasco, a la que siguió un derrumbe político que amenazaba por primera vez la hegemonía política del nacionalismo en el País Vasco. País. .
El balance en la política penitenciaria de 1997 ascendió a 26 traslados de presos de ETA a Euskadi y la progresión de 7 presos al tercer grado, que permite los primeros permisos, por decisión de Interior. Además de Miguel Ángel Blanco, ETA mató ese año a otras doce personas.
El año 1998 no empezó mejor. El 30 de enero, unos pistoleros acribillaron a balazos al concejal Alberto Jiménez Becerril y a su mujer en Sevilla cuando salían de un restaurante para cenar. Antes de que acabara 1998, los tres enviados de Aznar se sentarían con Arnaldo Otegi y otros tres líderes de HB en la reunión de Burgos. Los familiares de Jiménez Becerril forman parte del colectivo de víctimas que la semana pasada firmaron un manifiesto en el que defendían el uso de la expresión, dirigida a Pedro Sánchez, “que te voto Txapote”.
El citado comunicado, promovido por uno de los hijos del fiscal granadino asesinado por ETA, Luis Portero, acusa a Sánchez de haber pactado con EH Bildu llevar presos de ETA a las cárceles de Euskadi, para que siguieran cumpliendo sus condenas, once años después de la fin de la banda terrorista. Daniel Portero, hijo del fiscal, es diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
El 12 de septiembre de 1998, distintas organizaciones firmaron el Acuerdo de Lizarra o Pacto de Estella, donde estamparon su firma el PNV, HB y Eusko Alkartasuna. El nacionalismo vasco, que abrazaba tradiciones políticas tan dispares como la izquierda abertzale y la derecha del PNV, se agrupó con el argumento independentista y se enfrentó a la pulsión “unionista”.
El acuerdo es interpretado por los partidos “constitucionalistas” como el salvavidas que el PNV lanza a una Batasuna acorralada. ETA saluda el pacto con un anuncio de tregua bajo el espejismo de la independencia. Apenas dos meses después, Aznar hace público un gesto histórico. En una rueda de prensa con Yasir Arafat en la Moncloa, el presidente del Gobierno ha confirmado que ha autorizado “personalmente” los “contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación”. Era el 4 de noviembre. La reunión en Burgos con HB tendría lugar el 11 de diciembre.
1998: Asesinato de Jiménez Becerril y el Gobierno propone “dos mesas”
En los siete meses de 1998 que no hubo tregua, ETA mató a otras cuatro personas, además de Jiménez Becerril y su mujer. A lo largo de ese año, el gobierno del PP se acercó a 26 presos de la banda. Uno de ellos fue Domingo Troitiño, autor material de la masacre de Hipercor donde perdieron la vida 21 personas. Se otorgaron cuatro terceros grados.
El 11 de diciembre de 1998, con la cobertura policial que describe el acto de ETA y que miembros de ese dispositivo de la Comisaria General de Información confirmaron a este medio, se celebró la reunión de Juarros. En ella, los representantes del Gobierno de Aznar admiten dos espacios de diálogo en el futuro que pueden estar “superponiéndose”, según el acta.
Se trataba de negociar en una mesa con ETA y en otra con su entonces brazo político. Es el esquema que puso en marcha la primera negociación con ETA del Gobierno de Zapatero, que sirvió al PP de Mariano Rajoy como ariete de la oposición durante cuatro años, incluidas multitudinarias manifestaciones callejeras donde convocó la AVT y el PP llenó autobuses por toda España. acusar al presidente socialista, como mínimo, de “traidor”.
Zapatero se negó a acercar a los presos de ETA hasta que las negociaciones empezaron a dar sus frutos. Aquella negociación de 2008 y la forma en que se produjo, en la que la banda mató a dos personas en una gran explosión en Barajas, sin avisar a Batasuna de sus planes, supuso el principio del fin para la organización terrorista. ETA, hostigada por el frente policial y judicial, tuvo que entregar el bastón de mando a su antigua ala política, que llevaba tiempo maniobrando para llevar un proceso sin violencia y sin las ataduras de la banda y sus imposiciones.
1999: Los enviados de Aznar y “no hemos venido a derrotar a ETA”
La reunión cuyo acta desvela hoy elDiario.es precedió a la de los mismos negociadores sentados frente a los dirigentes de ETA en Ginebra en mayo de 1999. La frialdad que recibieron Arnaldo Otegi y sus colaboradores de la reunión de Brugos se intenta romper en Suiza por los enviados del gobierno. Javier Zarzalejos, secretario de Presidencia, llega a afirmar ante los terroristas: “No hemos venido a derrotar a ETA”.
El grupo de presos de ETA estaba formado por 453 reclusos en 1999. Aproximadamente una cuarta parte de ellos fueron trasladados a una prisión del País Vasco o sus alrededores ese año. Hubo 105 traslados y nueve terceros grados. En la primera legislatura de Aznar, más de un tercio de los presos de la banda se beneficiaron de los traslados. La tregua de ETA se prolongó en el tiempo pero se limitó a ataques en sus actuaciones. La kale borroka incendiaba el País Vasco y los empresarios seguían recibiendo cartas exigiendo un “impuesto revolucionario”.
En ese encuentro con ETA, los representantes del Gobierno dejan una retahíla de frases que resuenan en torno a los actuales pronunciamientos del Partido Popular. “Se valora positivamente la participación de Euskal Herritarrok en las instituciones”, ha dicho Zarzalejos, hoy eurodiputado del PP. “La Constitución española no es inamovible”, dijo en otro momento Pedro Arriola, el ya fallecido asesor de Aznar. “Podemos controlar al Cesid”, prometió el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martín Fluxá.
La mañana del 28 de noviembre de 1998, ETA anuncia el fin de la tregua. Lo que siguió fue una sangrienta cadena de atentados que comenzó con el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid el 21 de enero de 2000.
El terrorismo duró hasta el 20 de diciembre de 2011, día en que ETA anunció su fin. El proceso para la conclusión de la violencia iniciado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero incluyó una política de acercamientos y salidas de las cárceles del País Vasco en función de las posiciones de cada recluso respecto al fin definitivo del terrorismo. El grupo más numeroso de ETA estaba dentro de las prisiones. Hasta que su organismo oficial no se sumó al nuevo proceso sin violencia, no hubo comunicación del fin del terror.
Hoy, los presos de ETA cumplen condena en las cárceles vascas tras un progresivo acercamiento durante la pasada legislatura, una década después del final de la banda, que culminó con la cesión de las cárceles al Gobierno Vasco.
Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, cumple decenas de años en una prisión vasca por varios asesinatos. Se le prohíbe por sentencia el derecho al sufragio pasivo, por lo que no podría presentarse a ninguna candidatura. Los últimos pronunciamientos conocidos de Txapote hacen difícil pensar que votaría –sí, puede ejercer el derecho al sufragio activo– por EH Bildu, consagrado en el pequeño sector que sigue anclado en la defensa de la “lucha armada”.
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